Jurisprudencia
Autos:Exp. N° 00012-2024-0-5001-JS-PE-01
País:
Perú
Tribunal:Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria
Fecha:02-04-2024
Cita:IP-V-DVII-696
Voces
Sumilla
  1. Estando a que se formaliza investigación preparatoria contra MARIA DEL PILAR CORDERO JON TAY, por delito cometido cuando se desempeñaba como Congresista de la República, es este órgano jurisdiccional el competente para conocer de la investigación preparatoria del presente caso, resolviendo los requerimientos y pedidos efectuados por los sujetos procesales.

  2. La imputada CORDERO JON TAY, no solo ostentó calidad de congresista de la República - presidenta de la comisión especial multipartidaria de análisis, seguimiento, coordinación y formulación de propuestas para el proyecto binacional Puyango - Tumbes, durante el periodo parlamentario 2021-2026-, sino que también, al momento de los hechos, efectúo un mal uso del cargo que le ha sido otorgado, lo cual habría tenido incidencia sobre la voluntad del ciudadano Cabrejos Vela [ex trabajador del Congreso de la República], viciándola, de tal modo que accedió a sus ilegítimas pretensiones de entregarle el 50% de sus haberes mensuales a favor de la aludida investigada.

  3. Se advierte que, considerando la fecha de los hechos imputados según la disposición de formalización de investigación preparatoria, esto es, entre los meses de marzo a agosto de 2022, se tiene que los plazos ordinario y extraordinario para que se extinga la acción penal por prescripción (8 y 12 años respectivamente) no se han cumplido; por lo que, la acción penal se encuentra vigente para ser ejercitada y faculta al operador de justicia para pronunciarse respecto a sus atribuciones.

Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria

Lima, 2 de Abril de 2024.-

AUTOS Y VISTOS; dado cuenta con la Disposición N°01 del 22 de marzo de 2024, emitida por el señor Fiscal de la Nación (i) Juan Carlos Villena Campana, mediante la cual se dispone formalizar y continuar la Investigación Preparatoria contra: MARIA DEL PILAR CORDERO JON TAY (en su condición de congresista de la República - presidente de la comisión especial multipartidaria de análisis, seguimiento, coordinación y formulación de propuestas para el proyecto binacional Puyango - Tumbes), como presunta AUTORA del delito contra la administración pública en la modalidad de CONCUSIÓN, previsto y sancionado en el artículo 382° del Código Penal, en agravio del Estado;

Y CONSIDERANDO:

COMPETENCIA DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL

PRIMERO.- El Código Procesal Penal de 2004, asume la lógica material que justifica las prerrogativas procesales a los funcionarios públicos, y desde esa perspectiva, en clave de proporcionalidad, diseña un modelo orgánico y funcional procesal que reconoce las directivas constitucionales. Como consecuencia de la acusación constitucional o antejuicio y de sus notas características, fija las reglas específicas o especialidades procedimentales del proceso por delitos de función atribuidos a los altos funcionarios públicos. De igual manera, establece las reglas cuando se trata de perseguir judicialmente a altos funcionarios frente a la imputación por la comisión de delitos comunes.

Por último, determina las pautas para otros funcionarios que incurren en delitos de función.

1.1 El proceso especial por razón de la función pública que se siga contra los altos funcionarios públicos taxativamente designados en el artículo 99° de la Constitución Política del Perú, es de competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de la República, que a su vez designa los órganos jurisdiccionales competentes para su tramitación conforme a la etapa procesal en la que se encuentren.

1.2 Siendo así, por Resolución Administrativa Nº 205-2018-CE-PJ, de 17 de julio de 2018, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 26 de julio de 2018, se creó, a partir del 01 de agosto de 2018, con carácter de exclusividad y por el plazo de tres meses, para el juzgamiento de los funcionarios comprendidos en el artículo 99°, de la Constitución Política del Estado, artículo 34° numeral 4 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y artículo 454° del Código Procesal Penal, cuyos procesos sean tramitados bajo los alcances del Código de Procedimientos Penales y Código Procesal Penal, los siguientes órganos jurisdiccionales en la Corte Suprema de Justicia de la República:

a) Una Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, conforme a lo previsto en el artículo 17° del Código de Procedimientos Penales y artículo 454° del Código Procesal Penal; y,

b) Un Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, conforme a lo que prevé el artículo 17°, del Código de Procedimientos Penales y artículo 454°, del Código Procesal Penal.

1.3 Además, por Resolución Administrativa N°00001-2024-P-PJ del 03 de enero de 2024, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 04 de enero de 2024, se designó al suscrito como Juez de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República.

1.4 Estando a que se formaliza investigación preparatoria contra MARIA DEL PILAR CORDERO JON TAY, por delito cometido cuando se desempeñaba como Congresista de la República, es este órgano jurisdiccional el competente para conocer de la investigación preparatoria del presente caso, resolviendo los requerimientos y pedidos efectuados por los sujetos procesales.

FACULTADES DE CONTROL Y RESOLUCIÓN DE IMPUTACIÓN

SEGUNDO.- Conforme al artículo 449° del Código Procesal Penal, tratándose de un proceso penal contra los altos funcionarios públicos taxativamente designados en el artículo 99° de la Constitución Política del Perú, por los delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de haber cesado en él, se regirán por las regalas del proceso común, salvo las que se establecen en el Título I de la Sección II del Libro Quinto del mencionado texto normativo. La incoación del proceso penal en los supuestos del artículo 449° del Código Procesal Penal, modificado por el Artículo Único de la Ley N°31308, requiere la previa interposición de una denuncia constitucional, correspondiendo al fiscal de la Nación que en el plazo de cinco (05) días de recibida la resolución acusatoria de contenido penal y los recaudos correspondientes, emitirá la correspondiente Disposición, mediante la cual formalizará la investigación preparatoria, conforme a los numerales 1 y 2 de su artículo 450°. Asimismo, de conformidad con el numeral 3 del mencionado artículo 450: «El Vocal Supremo de la Investigación Preparatoria, con los actuados remitidos por la Fiscalía de la Nación, dictará, en igual plazo, auto motivado aprobando la formalización de la Investigación Preparatoria, con citación del Fiscal Supremo encargado y del imputado. La Disposición del Fiscal de la Nación y el auto del Vocal Supremo de la Investigación Preparatoria respetarán los hechos atribuidos al funcionario y la tipificación señalada en la resolución del Congreso».

2.1 Tal como establece la norma antes citada, corresponde al Juez de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República dictar, en el plazo de cinco días, el auto de aprobación de la formalización de la Investigación Preparatoria, con citación de las partes. El citado auto de aprobación constituye una excepcional intervención del órgano jurisdiccional tendiente a determinar si, en efecto, se cumplen los presupuestos procesales y requisitos legales determinantes del procesamiento penal, aunque limitados por lo expresamente estatuido en el artículo 100°, in fine, de la Constitución.

2.2 En esta etapa procesal, se debe controlar la disposición fiscal de formalización y continuación de la Investigación Preparatoria, en cuanto a los siguientes aspectos:

a) Competencia objetiva: Según el artículo 99° de la Constitución Política del Perú, los delitos imputados deben haberse cometidos por un alto funcionario en ejercicio de sus funciones, y hasta en un plazo máximo de cinco años luego del cese de funciones públicas.

b) Requisitos de procedibilidad: se debe verificar, i) Denuncia constitucional por un delito cometido en el ejercicio de las funciones por un alto funcionario y presentada en sede parlamentaria por los Congresistas, el Fiscal de la Nación o el agraviado por el delito; ii) Denuncia circunscripta a un plazo de cinco años hasta luego del cese de las funciones públicas – fecha de cese del cargo público-; y, iii) Resolución acusatoria del congreso de contenido penal.

c) Respeto de los hechos atribuidos y la tipificación, señalados en la resolución acusatoria del Congreso de la República (No se puede cuestionar la relevancia penal del hecho ni su tipificación).

2.3 Asimismo, deben verificarse los requisitos de toda disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria, establecidos en el artículo 336° del Código Procesal Penal, así tenemos:

• Indicios reveladores de la existencia de un delito.

• La acción penal no haya prescrito.

• Individualización del imputado (nombre completo del imputado).

• Los hechos imputados y la tipificación específica –debe estar conforme a la resolución acusatoria del Congreso de la República-.

• El nombre del agraviado.

• Las diligencias que de inmediato deban actuarse.

2.4 Con fecha 15 de marzo de 2023, se publicó en el diario oficial El Peruano, la Resolución Legislativa del Congreso N°015-2023-2024-CR que declararon haber lugar a la formación de causa penal contra MARÍA DEL PILAR CORDERO JON TAY, por ser presunta autora de la comisión del delito contra la administración pública – Concusión, en agravio del Estado.

ANÁLISIS DE LA DISPOSICIÓN FISCAL

A. ANTECEDENTES

TERCERO.- El íter de las diligencias preliminares realizadas es el siguiente:

1. El 18 de abril de 2023, la congresista de la República, Martha Lupe Moyana Delgado, interpuso Denuncia Constitucional con María del Pilar Cordero Jon Tay [en su condición de congresista de la República], por la presunta comisión del delito de concusión; así como por la presunta infracción de los artículos 1, 2 incisos 15, 22, 23, 38 y 45 de la Constitución Política. En la misma fecha, el Oficial Mayor del Congreso de la República, conforme dispone el apartado b) del artículo 89° del Reglamento del Congreso, dispuso que la Denuncia Constitucional N.º 359/2021- 2026, pase a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para su correspondiente calificación.

2. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos en los literales a) y c) del artículo 89° del Reglamento del Congreso de la República, emitió el informe de calificación, del 24 de abril de 2023, mediante el cual declaró admitir a trámite, por procedente, la Denuncia Constitucional N°359/2021-2026, entre otro, en el extremo referido a la presunta comisión del delito contra la Administración Pública – Concusión.

3. El informe de calificación fue remitido a la Comisión Permanente del Congreso de la República, la que en sesión celebrada el 26 de abril de 2023, acordó otorgar un plazo de 15 días hábiles, a efectos de que la subcomisión de acusaciones constitucionales realice la investigación y evacue el informe final correspondiente.

4. El 28 de noviembre de 2023, la subcomisión de acusaciones constitucionales aprobó el informe final recaído en la Denuncia Constitucional N.º 359/2021-2026 que recomienda "ACUSAR a MARÍA DEL PILAR CORDERO JON TAY [en su condición de congresista de la República] por la presunta comisión del delito de concusión", el mismo que fue elevado a la Comisión Permanente del Congreso de la República, para su debate y aprobación.

5. En la sesión del 15 de febrero de 2024, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el precitado informe final, recaído en la Denuncia Constitucional N°359/2021-2026, así como la conformación de la subcomisión acusadora para formular acusación ante el pleno del Congreso de la República.

6. El 14 de marzo de 2024, se debatió ante el pleno del Congreso de la República el informe final de la Denuncia Constitucional N.º359/2021-2026, luego de lo cual este fue aprobado, procediendo el presidente y el vicepresidente del Congreso a expedir la Resolución Legislativa del Congreso N°. 015-2023-2024- CR de la misma fecha, que resolvió "HABER LUGAR A LA FORMACIÓN DE CAUSA PENAL contra la señora MARÍA DEL PILAR CORDERO JON TAY, en su condición de congresista de la República, por ser presunta AUTORA del delito contra la administración pública en la modalidad de CONCUSIÓN (artículo 382° del Código Penal), en agravio del Estado."

7. Recibida la resolución legislativa invocada ut supra, corresponde al suscrito, en ·mi condición de fiscal de la Nación, de conformidad con lo previsto en el artículo 450°, apartado 2, del Código Procesal Penal, en el plazo de ley, expedir la presente disposición de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria, en los términos que se precisan en la antedicha resolución del Congreso de la República.

B. HECHOS GENERALES MATERIA DE IMPUTACIÓN

CUARTO.- CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES:

4.1 El 09 de junio de 2021, el Jurado Nacional de Elecciones emitió la Resolución N.º 06002-2021-JNE, a través de la cual, la investigada MARÍA DEL PILAR CORDERO JON TAY, fue proclamada congresista de la República, para el periodo legislativo 2021-2026, cargo que ejerce desde el 26 de julio de 2021 a la fecha.

4.2 Posteriormente, el 16 de septiembre de 2021, el pleno del Congreso de la República aprobó constituir la Comisión Especial Multipartidaria de análisis, seguimiento, coordinación y formulación de propuestas para el Proyecto Binacional Puyango-Tumbes, durante el periodo parlamentario 2021-2026, con la finalidad de contribuir en materia legislativa de seguimiento y de control político a las acciones desarrolladas por el Poder Ejecutivo, el Gobierno Regional de Tumbes y el Congreso de la República, para la implementación del proyecto especial binacional Puyango-Tumbes –PEBPT.

4.3 Es el caso que, el 29 de octubre de 2021, la aludida comisión llevó a cabo una sesión virtual para elegir a su mesa directiva, siendo elegida por unanimidad, MARÍA DEL PILAR CORDERO JON TAY, como presidenta de dicha comisión, cargo que ejerció hasta el 4 de mayo de 2023.

4.4 En el contexto desarrollado ut supra la investigada MARÍA DEL PILAR CORDERO JON TAY, habría requerido la contratación de un asesor categoría SP nivel 8 [personal de confianza] para que labore en la comisión especial multipartidaria de análisis, seguimiento, coordinación y formulación de propuestas para el proyecto binacional Puyango-Tumbes, proponiendo para dicho cargo a Rafael Aurelio Cabrejos Vela, por lo que, el aludido ciudadano habría iniciado su vínculo laboral con la institución el 07 de febrero de 2022 y habría culminado el 23 de enero de 2023.

QUINTO.- CIRCUNSTANCIAS CONCOMITANTES

5.1 Conforme se ha señalado en el punto precedente, la imputada MARÍA DEL PILAR CORDERO JON TAY, a la fecha de los hechos, en su condición de congresista de la República, asumió la presidencia de la Comisión Especial Multipartidaria de análisis, seguimiento, coordinación y formulación de propuestas para el Proyecto Binacional Puyango-Tumbes, durante el periodo parlamentario 2021- 2026 y Rafael Aurelio Cabrejos Vela, se desempeñó como asesor II de la aludida comisión.

5.2 Es así que, el abuso del cargo por parte de la investigada CORDERO JON TAY se habría materializado cuando en el ámbito de su competencia [congresista de la República] habría conminado [obligado] a Cabrejos Vela, para que le entregara hasta el 75% de su remuneración mensual, logrando que este se comprometiera a entregar el 50% de sus haberes mensuales a favor de la aludida investigada, lo que se habría realizado por intermedio de Braden Alexander Paredes Calla [técnico que laboraría en el área de archivo del Congreso de la República], durante los primeros seis meses de sus labores [marzo-agosto de 2022].

5.3 Estos hechos se desprenderían de la noticia criminal propalado el pasado 16 de abril de 2023, por el programa periodístico "Punto Final" de Latina Televisión, en la que se desprende lo siguiente: "[...] Se te dijo de un comienzo. Braden también lo ha dicho. Esa plata es intocable. Es intocable [...]".

5.4 Lo desarrollado en el párrafo precedente, le habría facilitado a la imputada CORDERO JON TAY para exigir de forma airada que el citado extrabajador del Congreso de la República cumpla con lo pactado, ello, conforme se propaló en la nota periodística antes señalado: "[...] Ya, ¿cómo hacemos con tu tema? Ya me imagino que fuiste a pagar y todo, ¿no? De una vez, porque cómo se llama [...] tiene que operarse". "[...] Yo, simplemente, quiero que me cumplas lo que quedamos. Nada más. Vamos al banco, lo necesito ahora [...]".

5.5 Ante la negativa del aludido ciudadano de cumplir en el día lo exigido por la imputada CORDERO JON TAY, esta, le habría conminado que tenía que entregar el dinero en el día, señalándole: "[...] No, no, no. Hoy día tiene que ser [...]", coaccionándole, incluso, acudir al cajero para que le hiciera entrega del efectivo: "[...] Vamos al cajero entonces, no sé. No, no es que no tengas. Es que yo necesito. Eso es el tema. Las operaciones no esperan. Y son personas que me han ayudado en campaña. O sea, yo ya quedé, no puedes estar mañana, mañana, mañana. Así no son las cosas, porque a ti ya te depositaron, ya vamos al cajero de una vez [...]".

5.6 En el mismo sentido, cuando el citado extrabajador le habría indicado que tenía obligaciones que pagar, la investigada CORDERO JON TAY, de forma prepotente, le habría manifestado no saber de sus pagos y que esa plata era intocable: "[...] ¡No, vamos al cajero! ¡Es que yo no sé tus pagos! O sea, eso no tiene nada que ver. Esa plata es intocable. [...] Es intocable [...]. No, es que no. Yo no sé tú tema. Eso a ti te han depositado. Tú tienes tarjeta de crédito. [.. ] Vamos al banco, lo necesito ahora. Yo no puedo estar diciéndote a cada rato. Yo lo necesito [...]. [...] Así como tú tienes cuentas yo también tengo cuentas, yo también debo. Para la campaña yo me he empeñado. Hasta mis alhajas de oro. Ya no me pongo nada de oro, todas están empeñadas. Tengo que sacarlas". [...] O sea, tú crees que yo de la locura no más estoy así. No es locura. Yo estoy empeñada. Repito. Pago también el departamento donde vivo y donde vive mi mamá. Pago sus víveres y su medicina [...]".

5.7 En esa línea de hechos, a continuación, pasamos a transcribir lo develado por el programa periodístico "Punto Final" de Latina Televisión, el pasado 16 de abril de 2023, así tenemos:

"Congresista: ¿ Ya, cómo hacemos con tu tema? Ya me imagino que fuiste a pagar y todo, ¿no? De una vez, porque cómo se llama (ininteligible) tiene que operarse.

Trabajador: El miércoles yo voy.

Congresista: No, no, no. Hoy día tiene que ser.

Trabajador: Es que ahorita no tengo.

Congresista: Vamos al cajero entonces, no sé. No, no es que no tengas. Es que yo necesito. Eso es el tema. Las operaciones no esperan. Y son personas que me han ayudado en campaña. O sea, yo ya quedé, no puedes estar mañana, mañana, mañana. Así no son las cosas, porque a ti ya te depositaron, ya vamos al cajero de una vez.

Trabajador: Claro, pero de ahí usted sabe que yo pago. Congresista: ¡No, vamos al cajero! ¡ Es que yo no sé tus pagos! O sea, eso no tiene nada que ver. Esa plata es intocable. Se te dijo de un comienzo. Braden también lo ha dicho. Es intocable.

Trabajador: No me dio tiempo.

Congresista: No, vamos al banco. Por eso, vamos al banco. No te dio tiempo, vamos al banco. Ahí tienes tiempo, vamos al banco. Ahí en el mismo Jockey hay un montón de bancos.

Trabajador: Claro, lo que pasa es que como ya le he explicado... Congresista: No, es que no. Yo no sé tu tema. Eso a ti te han depositado. Tú tienes tarjeta de crédito. Yo, simplemente, quiero que me cumplas lo que quedamos. Nada más. Vamos al banco, lo necesito ahora. Yo no puedo estar diciéndote a cada rato. Yo lo necesito, porque José se va a operar. Y los señores estos están enfermos, enfermo la señora, enfermo José y su esposa. Y ellos me han ayudado a mí. Ellos deberían estar sentados acá como asesor 1, asesor 2, técnicos, todo, todos ellos, todo ese grupo y no ustedes; porque ellos sí me han ayudado en la campaña. Hay un compromiso con ellos, ¿entiendes? Todos ponen a la persona que le ayudaron, nadie te pone por nada ahí. Tú estás por Braden, nada más, y le pagas mal todavía, porque te portas mal conmigo y, al portarte mal conmigo, te portas mal con él; porque él me tiene una gran consideración. Yo le estoy apoyando en su campaña también. ¿Cómo le apoyo, a ver, cómo crees? ¿Del cielo así? Pa, pa, cae. Si dices que es tu amigo. ¿Y, entonces, qué cosa quieres?, ¿qué le deje de apoyar? Yo lo estoy apoyando con merchandising, con dinero. ¿De dónde crees que sale? Ya, pues, ¿él acaso te pide a ti? Él no te pide a ti, él me pide. Él está postulando también, hay que ser consciente.

Congresista: O sea todo lo que llega, ¿todo va a ser para dar?

¿Y yo con qué pago lo de mi mamá? Así como tú tienes cuentas yo también tengo cuentas, yo también debo. Para la campaña yo me he empeñado. Hasta mis alhajas de oro. Ya no me pongo nada de oro, todas están empeñadas. Tengo que sacarlas.

Congresista: ¿Acaso tú me has ayudado? ¿Tú me has puesto tela, 100 mil dólares? yo me he gastado más de 300 mil dólares en la campaña. ¿y, cómo crees tú? vendí mi carro, mis alhajas la empeñé. Un terreno que tenía por ahí también lo tuve que vender. Una moto que tenía por ahí olvidada la tuve que vender. Me he quedado sin nada, no tengo ninguna alhaja de oro. Todo lo he vendido. Y empeñado. Cómo recupero mis cosas, y cómo recupero, con ayuda de la gente, que me pide, me pide. O sea, tú crees que yo de la locura no más estoy así. No es locura. Yo estoy empeñada. Repito. Pago también el departamento donde vivo y donde vive mi mamá. Pago sus víveres y su medicina.

Congresista: Fuera de otras cosas de alimentos, fuera de las medicinas de/jefe, fuera de lo que paga el jefe en La Centenario, yo lo pago.

Congresista: Y lo que yo gasto en la campaña y sigo gastando con la gente, yo no junto nada. Ustedes por lo menos tienen sus 4 mil, 5 mil en el bolsillo, líquidos. De ahí tienen sus gastos, pero los tienen seguros. Yo ni eso cubro, ni eso me llega porque todo es gasto.

Congresista: Todo es gasto. Una ida a Tumbes no más, cada vez que me iba en el tiempo de campaña, una ida y vuelta debía tener 5 mil, 8 mil, 10 mil soles. Cuando iba Keíko debía tener 30 mil, 50 mil en el bolsillo del chaleco. Cuando va Kenji, no baja 50 mil, 40 mil, hay que tener en el bolsillo. ¿Qué cosa crees tú? las camionetas alquiladas cuánto crees que me costaron.

Congresista: ¿Y mis cuentas quién las ve? ¿Quieres que te enumere? ¿Qué te enumere y te saque todas las cuentas del banco para que veas cuánto debo? Dentro de poco voy a pasar a Infocorp, si no termino yo".

5.8 Lo desarrollado en los párrafos precedentes, denotarían que la imputada CORDERO JON TAY, no solo ostentó calidad de congresista de la República - presidenta de la comisión especial multipartidaria de análisis, seguimiento, coordinación y formulación de propuestas para el proyecto binacional Puyango - Tumbes, durante el periodo parlamentario 2021-2026-, sino que también, al momento de los hechos, efectúo un mal uso del cargo que le ha sido otorgado, lo cual habría tenido incidencia sobre la voluntad del ciudadano Cabrejos Vela [ex trabajador del Congreso de la República], viciándola, de tal modo que accedió a sus ilegítimas pretensiones de entregarle el 50% de sus haberes mensuales a favor de la aludida investigada.

SEXTO.- CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES:

6.1 Ahora bien, ante la situación descrita en el apartado anterior, el 17 de abril de 2023, la Comisión de Ética Parlamentaría, inició indagación preliminar contra la imputada MARÍA DEL PILAR CORDERO JON TAY, en el expediente N°122-2022-2023/CEP-CR y conforme a sus atribuciones, emitió la Resolución N°01 EXP. N.º 122-2022-2023/CEP-CR, del 12 de mayo de 2023, en el que resolvió declarar PROCEDENTE la denuncia contenida en el Expediente N.º 122-2022-2023/CEP-CR, contra la aludida investigada, por presunta infracción de los artículos 2°, 4° literal a) del Código de Ética Parlamentaria y los literales c), d), e), g) y j) del artículo 3°, numerales 4.1, 4.3 y 4.4 del artículo 4°, literales a), b), c) y h) del artículo 6° y numeral 8.6 del artículo 8° del Reglamento del Código de Ética.

6.2 Posteriormente, el 03 de octubre de 2023, la Comisión de Ética Parlamentaria, emitió el informe final en el que; entre otros, recomendó al pleno del Congreso de la República la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes de la imputada MARÍA DEL PILAR CORDERO JON TAY por 120 días de legislatura.

6.3 El 05 de diciembre de 2023, el pleno del Congreso de la República, aprobó el informe final de la comisión de Ética Parlamentaria, procediendo el presidente y el vicepresidente del Congreso a expedir la Resolución Legislativa del Congreso N° 005-2023- 2024-CR de la misma fecha, en el que se resolvió interponer a la imputada MARÍA DEL PILAR CORDERO JON TAY, la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes por ciento veinte días de legislatura, prevista en el inciso d) del artículo 14 del Código de Ética Parlamentaria.

6.4 Finalmente, el 14 de marzo de 2024, se debatió ante el pleno del Congreso de la República el informe final de la Denuncia Constitucional N.º 359/2021-2026, luego del cual, este fue aprobado, procediendo el presidente y el vicepresidente del Congreso a expedir la Resolución Legislativa del Congreso N°015-2023-2024-CR de la misma fecha, que resolvió "HABER LUGAR A LA FORMACIÓN DE CAUSA PENAL contra la señora MARÍA DEL PILAR CORDERO JON TAY, en su condición de congresista de la República, por ser presunta AUTORA del delito contra la administración pública en la modalidad de Concusión [artículo 382° del Código Penal], en agravio del Estado."

C. IMPUTACIÓN ESPECÍFICA CONTRA MARÍA DEL PILAR CORDERO JON TAY

SÉTIMO.- IMPUTACIÓN ESPECÍFICA CONTRA MARÍA DEL PILAR CORDERO JON TAY POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE CONCUSIÓN:

Se imputa a MARÍA DEL PILAR CORDERO JON TAY [en su condición de congresista de la República - presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria de análisis, seguimiento, coordinación y formulación de propuestas para el Proyecto Binacional Puyango-Tumbes durante el periodo parlamentario 2021-2026-] ser presunta AUTORA del delito contra la Administración pública - CONCUSIÓN-, acordé con lo previsto y sancionado en el artículo 382°, del Código Penal, en agravio del Estado.

La imputación antes referida se sustenta en que la referida investigada, abusando de su calidad de congresista de la República - presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria de análisis, seguimiento, coordinación y formulación de propuestas para el Proyecto Binacional Puyango-Tumbes-, durante el periodo del año 2022, habría obligado al ciudadano Rafael Aurelio Cabrejos Vela {asesor II de la citada comisión], la entrega del 50% de sus remuneraciones mensuales [incluyendo gratificaciones, escolaridad y asignación de bonos] que percibiría como asesor de la precitada comisión especial, por lo que, por intermedio de Braden Alexander Paredes Calla [técnico que labora en el área de archivo del Congreso de .la República], el aludido ciudadano habría cumplido en entregar a favor de la citada investigada el 50% de sus haberes durante los primeros seis meses de labores [marzo-agosto de 2022].

D. TIPIFICACIÓN DE LOS HECHOS

OCTAVO.- Los hechos imputados a la investigada MARÍA DEL PILAR CORDERO JON TAY en su calidad de Congresista de la República en funciones están subsumidos en los elementos normativos del delito de CONCUSIÓN, en calidad de autora, tipificado en el artículo 382° del Código Penal, que establece lo siguiente:

“Artículo 382.- Concusión

El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa”.

E. SUBSUNCIÓN TÍPICA.-

NOVENO.- Con relación a la subsunción típica del delito de CONCUSIÓN se tiene que en la Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria se señala que el hecho atribuido a la imputada MARÍA DEL PILAR CORDERO JON TAY, se encuentra subsumido en el delito de CONCUSIÓN, previsto y sancionado en el artículo 382° del Código Penal, fundamentando los elementos típicos del delito en el caso concreto en los siguientes términos:

9.1 Sobre el Juicio de Tipicidad se indica:

a. Tipicidad Objetiva

El tipo penal de Concusión, requiere para su configuración la condición de "funcionario o servidor público" del sujeto activo; además, el verbo rector del delito en comento, relevante para el caso que nos atañe, es "obligar", igualmente, se requiere que el agente actúe mediante "abuso del cargo" además el objeto del comportamiento delictivo viene a ser la obtención de "un bien o beneficio patrimonial", por último, el destinatario del objeto del delito es el propio agente o un tercero, graficado en el tipo penal como "para otro".

a.1. Sujeto activo.

En el presente caso, de los hechos relatados, se advierte que la condición de sujeto activo recaería sobre la imputada MARÍA DEL PILAR CORDERO JON TAY, quién a la fecha de los hechos se desempeñaba como congresista de la República [presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria de análisis, seguimiento, coordinación y formulación de propuestas para el Proyecto Binacional Puyango-Tumbes], el que asumió a partir del 26 de julio de 2021, hasta el 05 de diciembre de 2023; fecha en la cual fue suspendida de sus funciones a través de la Resolución Legislativa del Congreso N.° 005-2023.-2024-CR de la misma fecha. De modo que, observamos que se cumple a cabalidad el primer elemento objetivo, este es, la cualidad especial de FUNCIONARIO PUBLICO que debe tener el sujeto activo.

a.2. Respecto del elemento “abuso del cargo”.

Del mismo modo, se verifica el "abuso del cargo" en el que habría incurrido la hoy investigada MARÍA DEL PILAR CORDERO JO TAY, al haberse valido de su condición de congresista de la República [presidenta de la comisión especial multipartidaria de análisis, seguimiento, coordinación y formulación de propuestas para el Proyecto Binacional Puyango-Tumbes] y, como tal, de jefa inmediata de Rafael Aurelio Cabrejos Vela, para conminarlo a que entregue el 50% de sus remuneraciones mensuales a su favor.

a.3. Respecto del verbo rector “obligar”.

La materialización del verbo rector "obligar" también se verifica en el caso sub materia, toda vez que MARÍA DEL PILAR CORDERO JON TAY, valiéndose de su poder funcional y de la condición de subordinado que, respecto de aquella, tenía el asesor Rafael Aurelio Cabrejos Vela, lo habría constreñido, doblegando la voluntad de este último, logrando que entregue el 50% de sus ingresos mensuales durante los seis meses de su periodo laborar [marzo-agosto de 2022] a favor de la citada imputada.

a.4. Respecto al objeto del delito.

El objeto del delito en el caso que nos atañe, viene a ser las sumas dinerarias que Rafael Aurelio Cabrejos Vela habría entregado mensualmente, a favor de su·jefa inmediata, la hoy imputada MARÍA DEL PILAR CORDERO JON TAY; recursos económicos que habrían sido entregados a esta última, por intermedio de Braden Alexander Paredes Calla [técnico que labora en· el área de archivo del Congreso de la República].

a.5. Respecto al destinatario del dinero.

Conforme se tiene en los actuados, las entregas de dinero habrían sido a favor de la imputada MARÍA DEL PILAR CORDERO JON TAY; es decir, "para sí".

b. Tipicidad subjetiva.

El tipo penal de concusión es eminentemente doloso, de modo que la conducta del agente [sujeto activo] debe transitar por el conocimiento y voluntad de quebrantar el bien jurídico para obligar a otro a entregar un beneficio económico.

Siendo esto así, en el caso concreto, la investigada MARÍA DEL PILAR CORDERO JON TAY [en su condición de Congresista de la República - Presidenta de la comisión especial multipartidaria de análisis, seguimiento, coordinación y formulación de propuestas para el Proyecto Binacional Puyango-Tumbes], de forma dolosa, esto es, con pleno conocimiento y voluntad, abusando de su cargo, habría obligado a Rafael Aurelio Cabrejos Vela, a entregar el 50% de sus haberes mensuales en favor de aquella.

9.2 Sobre el Juicio de Antijuridicidad se señala:

En cuanto a la antijuridicidad, tenemos que, de los elementos objetivos obtenidos a la fecha, se tiene que la conducta desplegada por la investigada MARÍA DEL PILAR CORDERO JON TAY, sería contraria a la norma y no concurriría ninguna causa de justificación previstas en el artículo 20° del Código Penal.

F. IDENTIFICACIÓN DE LOS SUJETOS PROCESALES

DÉCIMO.-En el presente caso existe una sola imputada:

? IMPUTADOS:

Nombres : MARÍA DEL PILAR

Apellidos : CORDERO JON TAY

DNI 15631864

Sexo : Femenino

Fecha de nacimiento: 21.04.1966 Edad : 57 años

Lugar de nacimiento: Barranca – Barranca - Lima Estado civil : Soltera

Grado de instrucción: Superior completa Profesión : Docente

Nombre de los padres: Inocente y Clemencia

Domicilio real : Int. 202 – Jr. Leticia 100 – Zarumilla-Zarumilla

departamento de Tumbes

? AGRAVIADOS:

El ESTADO PERUANO representado por la Procuraduría General del Estado, con domicilio en calle Germán Schreiber N.° 205, distrito de San Isidro, Lima-Perú.

G. CONDICIÓN DE ALTO FUNCIONARIO.-

DÉCIMO PRIMERO.- La investigada MARÍA DEL PILAR CORDERO JON TAY

tienen la condición de alto funcionario, de conformidad con el artículo 99° de la Constitución Política del Perú, así tenemos que se ha formalizado la investigación en su contra en su condición de congresista de la República - presidenta de la comisión especial multipartidaria de análisis, seguimiento, coordinación y formulación de propuestas para el proyecto binacional Puyango - Tumbes.

H. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD.-

DÉCIMO SEGUNDO.- La Constitución Política del Estado, en el artículo 99° dispone:

“Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor de Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas”. (Las negritas son nuestras)

12.1 Dicha norma regula el denominado antejuicio político (prerrogativa funcional) “del que gozan determinados funcionarios [mencionados en la precitada norma], con el propósito de que no puedan ser procesados ante la judicatura penal por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, sin que medie un procedimiento con las debidas garantías procesales ante el Congreso de la República y la consecuente acusación del propio Legislativo”.

12.2 En este caso, la congresista de la República, Martha Lupe Moyano Delgado interpuso Denuncia Constitucional contra María del Pilar Cordero Jon Tay, en su condición de congresista de la República, con fecha 18 de abril de 2023; de modo que el caso fue conocido tanto por la subcomisión de acusaciones constitucionales, quien aprobó el informe final recaído en la Denuncia Constitucional N°359/2021-2026 que recomendó acusar por la presunta comisión del delito de Concusión. La Comisión Permanente aprobó el mencionado informe final y la conformación de la subcomisión acusadora para formular acusación ante el pleno del Congreso de la República. El 14 de marzo de 2024 se debatió ante el pleno del Congreso de la República el informe final, siendo aprobado y expidiéndose la Resolución Legislativa del Congreso N.° 015-2023-2024-CR, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 15 de marzo de 2024, mediante la cual, se resolvió: "HABER LUGAR A LA FORMACIÓN DE CAUSA PENAL contra la señora MARÍA DEL PILAR CORDERO JON TAY, en su condición de congresista de la República, por ser presunta AUTORA del delito contra la administración pública en la modalidad de CONCUSIÓN (artículo 382 del Código Penal), en agravio del Estado."

DÉCIMO TERCERO.- El artículo 159° de la Constitución Política del Estado, establece que el Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal pública y tiene el deber de la carga de prueba, bajo el principio de la imputación necesaria como una manifestación del principio de legalidad y del principio de la defensa procesal. De esta forma se encuentra íntimamente vinculado con las garantías esenciales del debido proceso, con los principios acusatorio, de defensa y de contradicción, en cuanto a el derecho irrenunciable del imputado de conocer con toda precisión y exactitud el delito que se le atribuye haber cometido; para así garantizar que el ciudadano involucrado en un proceso penal inicie sus actos de defensa, pues puede verse afectado si la información le es incompleta, imprecisa o capciosa. En este caso, la disposición de Formalización y continuación de la Investigación Preparatoria, ha respetado tanto los hechos como la calificación jurídica, contenida en la resolución legislativa emitida por el Congreso de la República del Perú, así como el principio de imputación necesaria.

13.1 De otro lado, el presunto delito de Concusión que se imputa habría sido cometido cuando la investigada María del Pilar Cordero Jon Tay se desempeñaba como congresista de la República - presidenta de la comisión especial multipartidaria de análisis, seguimiento, coordinación y formulación de propuestas para el proyecto binacional Puyango - Tumbes.

I. VIGENCIA DE LA ACCIÓN PENAL

DÉCIMO CUARTO.- En el presente caso, según la disposición fiscal de formalización y continuación de la investigación preparatoria, los hechos materia de imputación estarían subsumidos en el delito de Concusión, y como se ha señalado anteriormente, dicho delito se encuentra sancionado con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años.

14.1 Resulta oportuno para esta judicatura verificar si la acción penal por la presunta conducta delictiva acotada se encuentra vigente y no ha operado la prescripción de la misma. Cabe precisar que, la prescripción de la acción penal es la institución jurídica que basada en el transcurso del tiempo limita al órgano judicial para emitir un pronunciamiento cuando, en tal sentido, el Estado pierde toda facultad sancionatoria. Al respecto tenemos que:

i) El primer párrafo del artículo 80° del Código Penal señala que: “la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la Ley para el delito, si es privativa de libertad”; cabe señalar que para la aplicación de esta disposición, denominada “Prescripción Ordinaria”, se debe tener en cuenta la promoción de la acción penal, pues la ordenanza anotada operará cuando todavía no existan actuaciones del Ministerio Público o del Órgano Judicial;

ii) El artículo 83° del Código Penal, precisa que la prescripción se interrumpe por la actuación del Fiscal o de las autoridades judiciales, quedando sin efecto el tiempo transcurrido; por lo tanto, dicho precepto legal codifica la figura de la interrupción de término prescriptivo, que operará cuando sea proferida una resolución por cualquiera de las autoridades anotadas; por consiguiente, comenzará a correr nuevamente el tiempo que corresponde a la pena máxima señalada en la Ley para el delito;

iii) El último párrafo, del citado artículo indica que la acción penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción, denominada “Prescripción Extraordinaria”;

iv) En cuanto al inicio del término de la prescripción, el artículo 82° del Código Penal, establece: “en el delito continuado, desde el día en que terminó la actividad delictuosa; y en el delito permanente, a partir del día en que cesó la permanencia”.

14.2 Habiendo señalado lo pertinente, se advierte que, considerando la fecha de los hechos imputados según la disposición de formalización de investigación preparatoria, esto es, entre los meses de marzo a agosto de 2022, se tiene que los plazos ordinario y extraordinario para que se extinga la acción penal por prescripción (8 y 12 años respectivamente) no se han cumplido; por lo que, la acción penal se encuentra vigente para ser ejercitada y faculta al operador de justicia para pronunciarse respecto a sus atribuciones.

J. PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA.-

DÉCIMO QUINTO.- Los fiscales son los únicos conductores de la investigación del delito, considerada como una de las fases esenciales del proceso penal. Por lo que, llevan sobre sus espaldas la carga de probar la culpabilidad del acusado a la par de desarrollar, también, la actividad tendiente a la incorporación de la prueba que concierna a la dilucidación del litigio, quedando en manos del juez la latitud de la reacción penal que nuestra ley sustantiva ha discernido monopólicamente a la jurisdicción. Siendo así, el Código Procesal Penal de 2004, confiere dos roles concurrentes pero sucesivos al Ministerio Público en cuanto titular del ejercicio de la acción penal:

i) Conductor de la investigación preparatoria [Tres consecuencias acarrea esta posición institucional: 1) Tomar las decisiones acerca del futuro de la investigación: necesidad de realizar ciertas diligencias de investigación, provocar audiencias ante el juez de la investigación preparatoria, impulsar la continuación de los actos de investigación, declarar su cierre, 2) Conseguir autorizaciones judiciales –medidas limitativas de derechos en general-, 3) Responder frente a los perjuicios generados por la actividad de investigación y responder por el éxito o fracaso de las investigaciones frente a la opinión pública]; y

ii) Acusador en el juicio oral. Por estas razones, al ser el conductor de la investigación preparatoria y conforme a las atribuciones concedidas por el artículo 61° del Código Procesal Penal, practicará u ordenará practicar los actos de investigación que correspondan.

15.1 Ahora bien, de conformidad con el numeral 1 del artículo 342° del Código Procesal Penal, el plazo de la Investigación Preparatoria es de120 días naturales; siendo ese el plazo dispuesto por la Fiscalía de la Nación para el caso concreto.

DÉCIMO SEXTO.- Finalmente, debe tenerse en cuenta las siguientes normas del proceso penal común:

16.1 Los artículos 3°, 29° y numeral 3 del artículo 336°, del Código Procesal Penal, prescriben que el Ministerio Público comunicará al Juez de la Investigación Preparatoria su decisión formal de continuar con las investigaciones preparatorias, a efectos de que asuma competencia material.

16.2 Asimismo, los derechos del agraviado se encuentran restringidos a lo regulado en el artículo 95° del Código Procesal Penal, en tanto que, al agraviado constituido judicialmente en actor civil, se le reconocen extensivamente las facultades de los artículos 104° y 105° del mencionado Código, en la colaboración con el esclarecimiento del hecho delictivo y la intervención de su autor o partícipe, así como acreditar la reparación civil que se pretende.

16.3 Además, los numerales 3) y 4) del artículo 127° del Código Procesal Penal prescriben que la primera notificación se hará personalmente en el domicilio real o en el centro de trabajo, empero si las partes tienen defensor o apoderado, las notificaciones deberán ser dirigidas solamente a estos, excepto si la ley o la naturaleza del acto exigen que aquellas también sean notificadas.

16.4 Es pertinente poner en conocimiento de los sujetos procesales, que según el artículo 139° inciso 4 de la Constitución Política del Perú, concordante con los artículos I.2 y 8.3 del Código Procesal Penal, se reconoce el principio de publicidad del proceso y el método de la oralidad para el debate y decisión de los requerimientos y solicitudes presentados durante la investigación preparatoria, los mismos que serán declarados inadmisibles en caso de inconcurrencia de los peticionantes a la audiencia fijada para tal fin, en interpretación similar al artículo 423.3 del CPP.

16.5 El artículo 120° numerales 1) y 3) del Código Procesal Penal, prescribe que la actuación procesal judicial se documenta utilizando los métodos técnicos que correspondan como la reproducción audiovisual.

DECISIÓN

Por tales consideraciones, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República RESUELVE:

I. TENER POR COMUNICADA Y APROBAR la Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria expedida por la Fiscalía de la Nación, contra:

1. MARIA DEL PILAR CORDERO JON TAY (en su condición de congresista de la República - presidenta de la comisión especial multipartidaria de análisis, seguimiento, coordinación y formulación de propuestas para el proyecto binacional Puyango - Tumbes), como presunta AUTORA del delito contra la administración pública, en la modalidad de CONCUSIÓN, previsto y sancionado en el artículo 382° del Código Penal en agravio del Estado.

II. A efectos de esta Investigación Preparatoria, asume competencia material el Juez de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República.

III. PONER la presente resolución aprobatoria en conocimiento de la Fiscalía de la Nación.

IV. COMUNICAR a la Procuraduría General del Estado que, en su condición de representante de la parte agraviada, tiene derecho a ser informado y escuchado antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal siempre que lo solicite al juzgado y solamente tendrá derecho a impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria; asimismo, tiene la facultad de solicitar su constitución en actor civil, con la finalidad de obtener mayores facultades de actuación en el proceso.

V. PRECISAR a los sujetos procesales que la carpeta fiscal con todo lo que se actúe en la investigación preparatoria, se encontrará disponible en las oficinas de Fiscalía de la Nación, o en la fiscalía suprema que la Fiscalía de la Nación determine, lo cual deberá ser oportunamente informado a efectos de viabilizar la revisión de la carpeta fiscal, expedición de copias u otros fines que correspondan.

VI. ADVERTIR a las partes que los requerimientos y solicitudes que se presentan por escrito, deben ser sustentados en audiencia pública, bajo apercibimiento de declararse inadmisible en caso de inconcurrencia del peticionante; con excepción de aquellos que, por mandato expreso de la Ley, no requieran de realización previa de audiencia.

VII. ORDENAR a las partes que fijen en autos un domicilio procesal (Casilla Electrónica - Sinoe), precisándose que las resoluciones escritas en adelante serán notificadas sólo en el domicilio procesal, siendo de su entera responsabilidad la omisión de señalamiento del mismo, su no comunicación al juzgado, se entenderá válida la notificación en el último domicilio fijado en autos.

VIII. EXHORTAR a los abogados particulares de la investigada, su obligación de asistir a las citaciones judiciales para las audiencias programadas, bajo apercibimiento de ser excluidos, sancionados y sustituidos por un Defensor Público, en los casos previstos taxativamente en la ley. La misma obligación corresponde al abogado de oficio, bajo apercibimiento de aplicarle las medidas disciplinarias que correspondan.

IX. NOTIFICAR a todos los sujetos procesales conforme a ley.

JCCHS/caft.